La economía circular mexicana entró en 2026 con una cifra difícil de esquivar. Al presentar el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, Semarnat informó que el país genera más de 139 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y que sólo 5% recibe tratamiento. El dato resume una brecha conocida por municipios, recicladores, industria y hogares: separar mejor no basta si la cadena posterior no tiene infraestructura, mercado y reglas claras.

El DBGIR 2026 fue presentado como instrumento técnico de referencia para fortalecer la política nacional de residuos, reciclaje y economía circular. Su valor público dependerá de que sirva para planear y no sólo para diagnosticar. En residuos, la falta de datos comparables distorsiona decisiones: puede ocultar tiraderos irregulares, sobredimensionar capacidades de reciclaje o trasladar costos a trabajadores informales y gobiernos locales con presupuestos limitados.

El diagnóstico llega pocos meses después de la expedición de la Ley General de Economía Circular, anunciada por Semarnat en enero de 2026. La ley busca crear mecanismos para alargar la vida útil de productos, recuperar materiales, aprovechar residuos y coordinar atribuciones entre Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Es una arquitectura amplia, pero su operación exigirá normas secundarias, vigilancia y presupuestos.

Uno de los desafíos será evitar que la circularidad se reduzca a campañas de consumo responsable. El rediseño de productos, la responsabilidad extendida del productor, la separación en fuente, el compostaje, la trazabilidad y la compra pública de materiales recuperados requieren decisiones industriales y administrativas. La ciudadanía puede separar, reparar o rechazar desechables, pero no controla sola la composición de empaques, rutas de recolección ni mercados de aprovechamiento.

La Ciudad de México ofrece un antecedente local con Basura Cero, estrategia que colocó metas de reducción, reciclaje, aprovechamiento y restricción de plásticos de un solo uso. Sin embargo, incluso en grandes urbes, la distancia entre una regla y el cambio cotidiano puede ser amplia. Los sistemas de limpia, transferencias, plantas de selección y rutas diferenciadas determinan si una botella, un residuo orgánico o un aparato electrónico terminan valorizados o enterrados.

Otra dificultad es la heterogeneidad municipal. Un diagnóstico nacional puede mostrar el tamaño del problema, pero la capacidad de operar rutas separadas, plantas de compostaje o centros de acopio varía entre ciudades grandes, municipios turísticos, zonas rurales y periferias metropolitanas. Para que la ley y el diagnóstico bajen al territorio, las metas deberán traducirse en responsabilidades precisas y asistencia técnica donde hoy no existe infraestructura suficiente.

El debate también debe incluir condiciones laborales. En América Latina, buena parte del reciclaje real descansa en personas recuperadoras que operan en la informalidad o con reconocimiento parcial. Una política circular que ignore su papel puede producir indicadores bonitos y desigualdad persistente. Incorporarlas con derechos, seguridad y pago justo sería tan ambiental como social.

El diagnóstico no resuelve el problema, pero sí fija una línea base para exigir avances medibles. Si en los próximos años México logra usar el DBGIR 2026 para orientar inversión, regulación y rendición de cuentas, la economía circular dejará de ser un lema. Si no, seguirá siendo una promesa repetida sobre una montaña diaria de residuos.